Honduras utiliza un Índice de Vulnerabilidad Multidimensional para focalización de políticas públicas

El Gobierno de Honduras ha lanzado un índice de vulnerabilidad multidimensional (IVM) con el objeto de proporcionar bonos electrónicos que se pueden cambiar por alimentos, medicinas y equipos de bioseguridad, para los trabajadores independientes y por cuenta propia que fueron más fuertemente golpeados por la pandemia de COVID-19.

El IVM sirve para medir quiénes son más vulnerables a los impactos del COVID-19, según una serie de variables que se superponen, incluyendo el riesgo que el virus presenta a la salud, y las consecuencias financieras de las medidas contra la pandemia tomadas por el gobierno, y que afectan a los hogares. Es una de las primeras herramientas de su clase a nivel mundial, la cual, a través de un enfoque multidimensional, identifica a las personas que cumplen con los requisitos para recibir ayuda.

Desarrollado en Honduras, en conjunto con la Iniciativa sobre Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford (OPHI) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el IVM ofrece una metodología nueva y técnicamente robusta para aumentar la transparencia en los programas de protección social, asegurándose de que los bonos lleguen a la gente más necesitada.

El IVM funciona identificando a los individuos más vulnerables en una de las categorías siguientes: trabajador independiente, desempleado, empleado sin seguridad social, y empleador sin seguridad social. Al usar el método Alkire-Foster, desarrollado en Oxford, el IVM logra identificar a quienes hacen frente a vulnerabilidades múltiples a causa del COVID-19, en quince indicadores, categorizados en cuatro dimensiones. Si un individuo es vulnerable, según un 35% o más de estos indicadores, se lo considera elegible para recibir un bono.

La primera dimensión, pertenecer a una población de riesgo elevado, apunta a captar las familias con el riesgo más alto de contraer COVID-19. La segunda dimensión, salud, seguridad alimentaria y características de la vivienda, busca identificar a los individuos que están viviendo en condiciones precarias, o que han experimentado inseguridad alimentaria. La tercera dimensión, resiliencia económica, busca saber la capacidad de las familias para atenuar el impacto de COVID-19, al liquidar sus bienes o teniendo acceso a servicios financieros.

Finalmente, la cuarta dimensión del empleo busca conocer la vulnerabilidad de los individuos frente al impacto financiero, con indicadores referentes al tipo de trabajo que tienen, al sector en que laboran, y a su acceso a la seguridad social. En la mayoría de los casos, los indicadores referentes al empleo son los que más contribuyen al IVM.

La estructura de la medición es producto de consultas múltiples que se han hecho a instituciones nacionales y organismos internacionales. Se analizaron nueve diversas estructuras y sus resultados fueron comparados, antes de que la estructura final de la medición se confirmara. El IVM es, por lo tanto, robusto a los cambios en la estructura, pesos, y umbrales de vulnerabilidad.

El IVM se calcula usando datos del Registro Único de Participantes (RUP), que contempla 1,5 millones de hogares, y representa el 40% de la población más pobre de Honduras. Además, se creó un formulario especial en línea para que las personas se inscribieran por sí mismas, y se hicieron registros adicionales con la ayuda de sindicatos y de diversas instituciones religiosas.

El primer grupo de beneficiarios identificados recibió su bono electrónico en octubre. Durante tres meses, 260.000 personas recibirán un solo bono electrónico que se puede canjear, en establecimientos seleccionados del país, por alimentos, medicinas y equipos de bioseguridad.

 

 

Fuente: PNUD-Honduras.

 

Este artículo fue publicado en Dimensiones 11