Comprender la pobreza requiere una perspectiva amplia que capture no solo los déficits de ingresos, sino también privaciones en necesidades humanas básicas, incluida la vivienda segura y el acceso confiable a servicios esenciales.
Si bien los Índices de Pobreza Multidimensional (IPM) existentes ya reconocen la vivienda y los servicios como una dimensión crítica, es necesario mejorar la forma cómo se captura la información sobre estos temas. El informe pronto a publicarse que elaboré junto a Monserrat Serio (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina), y que fue discutido durante el taller de expertos en datos que tuvo lugar en Oxford, destaca el papel crítico de esta dimensión en la lucha contra la pobreza y propone un conjunto refinado de indicadores para medir estas privaciones con mayor precisión.
Una vivienda adecuada es más que un refugio, pues influye en la salud, la educación y la estabilidad económica. Los servicios como el agua potable, el saneamiento y la conectividad digital, también afectan la capacidad de los individuos para salir de los ciclos de pobreza.
Los estudios citados en nuestro análisis, como los de Chetty et al. y Desmond, dan cuenta de las dramáticas consecuencias que tiene una vivienda inadecuada, desde riesgos para la salud hasta restricciones para la educación y el empleo. Los desafíos relativos a la vivienda, incluida la asequibilidad, la calidad y la accesibilidad, están profundamente entrelazados con la pobreza monetaria, creando un ciclo de carencias difícil de romper de no adoptarse un enfoque integral.
Incorporar la vivienda y los servicios en las mediciones de la pobreza proporciona una visión más holística, reconociendo que la privación material impacta significativamente en las oportunidades de vida y el bienestar.
Son varias las medidas de bienestar, condiciones de vida y privaciones materiales que incluyen indicadores en línea con los criterios mencionados anteriormente.
El Índice de Pobreza Multidimensional global (IPM global), por ejemplo, incluye el estándar de vida como una de sus tres dimensiones.
La dimensión se compone de seis indicadores: combustible para cocinar, electricidad, agua potable, saneamiento, vivienda y propiedad de activos. A su vez, los indicadores más utilizados para medir la dimensión de vivienda y servicios en los IPM nacionales son: acceso a agua potable segura, condiciones de la vivienda (es decir, calidad del techo, paredes, suelo; si se necesitan reparaciones importantes) y acceso a un saneamiento adecuado, seguido de hacinamiento, combustible para cocinar y propiedad de activos.
Sin embargo, la cobertura y profundidad de estos indicadores varían significativamente entre los IPM de diferentes países. La variabilidad es reflejo tanto de las diferencias entre las prioridades nacionales y la disponibilidad de datos, como de la ausencia de un enfoque estandarizado a ser aplicado universalmente en diferentes contextos socioeconómicos.
Hay una serie de indicadores adicionales y ajustes a algunos de los indicadores comúnmente utilizados para la vivienda y los servicios que deben considerarse en el contexto de los IPM. Tales indicadores se han incluido en algunos IPM nacionales y regionales, pero carecen de consistencia y comparabilidad más allá de sus fronteras.
Los indicadores propuestos están destinados a llenar este vacío, ofreciendo un marco uniforme para evaluar las carencias en vivienda y servicios a nivel mundial. Dada la naturaleza multifacética de los problemas de vivienda, y si el objetivo es capturar la complejidad de estas carencias, los IPM deberían incorporar múltiples indicadores que cubran la asequibilidad, calidad, accesibilidad y disponibilidad de servicios.
El hacinamiento es un indicador significativo de privación en la dimensión de vivienda que afecta el bienestar mental y la equidad social. La calidad de la vivienda se enfoca en la calidad estructural y en elementos que podrían afectar la salud, como la presencia de humedad y moho. El acceso a servicios esenciales, como agua potable segura y saneamiento adecuado, es un componente fundamental de la dimensión vivienda. Incluir preguntas que evalúen la disponibilidad y confiabilidad de estos servicios en las encuestas es clave para prevenir problemas de salud y proteger la dignidad.
En el mundo actual, el acceso a la comunicación e información digital es crucial para la educación, el empleo y la participación social. La falta de acceso digital agrava las desigualdades socioeconómicas. En consecuencia, este estudio incluye indicadores para medir el acceso digital.
Los indicadores que miden la seguridad de la tenencia también son clave pues permiten comprender la estabilidad de la vivienda. La tenencia segura no solo implica una protección legal contra el desalojo, también una percepción de seguridad que afecta el bienestar mental de los residentes y la disposición a invertir en sus hogares.
Por su parte, la asequibilidad de la vivienda se presenta como un aspecto crítico entre las posibles carencias en esta dimensión. Sus altos costos en relación con los ingresos pueden generar un estrés financiero significativo. Esto podría forzar decisiones que resulten comprometedoras con la satisfacción de otras necesidades básicas, como la atención médica y la educación. Las preguntas que miden la carga financiera impuesta por los costos de la vivienda, así como los sacrificios que deben hacer los hogares para mantener su vivienda, serían útiles de ser incluidas en las encuestas.
Finalmente, la calidad del barrio, incluyendo la exposición al crimen, la contaminación ambiental y el acceso a escuelas de calidad, es un determinante crucial del bienestar. Evaluar la calidad del entorno puede proporcionar información sobre desigualdades sociales y económicas más amplias.
Ampliar la recopilación de datos para incluir estos nuevos indicadores implica desafíos logísticos, financieros y metodológicos. Actualmente, no existe un consenso sobre cómo definir y medir aspectos clave de la vivienda y los servicios. La heterogeneidad en las condiciones de vivienda y la disponibilidad de servicios tanto dentro de cada país, como entre países requiere de cuestionarios estandarizados pero adaptables. Ello complica la recopilación de datos comparables. Por otra parte, la carga financiera adicional que significan encuestas más extensas puede ser significativa, requiriendo de inversiones en capacitación, tecnología y procesamiento de datos.
Para abordar estos desafíos, se recomienda un enfoque multifacético. Esto incluye fomentar la colaboración con organizaciones internacionales, gobiernos nacionales e instituciones de investigación para la estandarización de indicadores. También es importante garantizar la comparabilidad y confiabilidad; invertir en infraestructura y capacitación para la recopilación de datos; y aprovechar la tecnología para superar barreras. Por último, adoptar un diseño de encuesta flexible que permita ajustes específicos al contexto sin comprometer la comparabilidad, resulta clave.
Estos esfuerzos deben ir acompañados de una defensa que subraye la importancia de esta dimensión en la medición de la pobreza, asegurando el apoyo político y financiero necesario.
En última instancia, incorporar indicadores comprehensivos de vivienda y servicios en los IPM no solo proporcionará una imagen más precisa de la pobreza, sino que también guiará intervenciones más específicas y efectivas.
Este artículo fue publicado en Dimensiones 16