Pobreza en México en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19

La metodología de la medición multidimensional de la pobreza en México vincula dos espacios analíticos: bienestar económico y derechos sociales.

Éste último comprende los indicadores de carencias sociales (rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda y acceso a alimentación nutritiva y de calidad) (CONEVAL, 2019).

En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es la institución encargada de realizar la medición multidimensional de la pobreza con base en la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La información más reciente corresponde a 2020. Ésta ofrece un panorama de las implicaciones sobre el ingreso y las carencias sociales de los mexicanos en el contexto de la pandemia por el COVID-19.

Este artículo ofrece una breve compilación de los principales hallazgos.

 

Evolución de los principales indicadores de pobreza y carencias sociales

Entre 2018 y 2020, el porcentaje de la población en situación de pobreza en México aumentó de 41,9% a 43,9%. Esto supone un incremento de 3.8 millones de personas más viviendo en situación de pobreza (de 51.9 a 55.7 millones de personas). Asimismo, el porcentaje de la población en situación de pobreza extrema aumentó de 7,0% a 8,5% entre 2018 y 2020, representando un incremento de 2.1 millones de personas más en situación de pobreza extrema. Ésta aumentó de 8.7 a 10.8 millones de personas.

 

Acceso a los servicios de salud

Durante la pandemia del COVID-19, de las seis carencias consideradas en la medición de pobreza, la falta de acceso a los servicios de salud presentó el mayor aumento entre 2018 y 2020 al pasar de 16,2% a 28,2% de la población, lo que representó un incremento de 15.6 millones de personas respecto a 2018. Cabe mencionar que ocurrió simultáneamente un proceso institucional de transición administrativa y operativa en el sistema de salud enfocado a la población sin seguridad social. Éste significó la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) a principios de 2020 y la desaparición del Seguro Popular.

Bienestar económico

En la esfera del bienestar económico, el ingreso de los hogares se vio principalmente afectado por la emergencia sanitaria causada por el COVID-19.

Ante este contexto, entre 2018 y 2020, el ingreso corriente total por persona mensual (a precios de 2020) disminuyó 6,9% a nivel nacional.

La caída del ingreso se vio reflejado en el aumento del porcentaje de la población con ingresos por debajo de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI) que pasó de 14% a 17,2% a nivel nacional, entre 2018 y 2020. Es decir, durante este periodo, el número de personas que aún destinando el total de su ingreso a la compra de alimentos, no lograba adquirir los productos de la canasta alimentaria aumentó de 17.3 a 21.9 millones.

Por otro lado, el porcentaje de la población con ingreso inferior a la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI) aumentó de 49,9% a 52,8% entre 2018 y 2020.

Esto significa un incremento de 61.8 a 66.9 millones de personas que no contaba con los recursos suficientes para adquirir los bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades (alimentarias y no alimentarias).

La construcción del ingreso permite ver su composición según la fuente de la que proviene, de tal forma que se puede distinguir el comportamiento por rubro de ingreso. Entre 2018 y 2020 resulta relevante la disminución de 10,3% en los ingresos provenientes de las remuneraciones por trabajo subordinado, ya que es el rubro con mayor peso en el ingreso corriente total al representar alrededor de 60% de éste. Asimismo, el ingreso por trabajo independiente se redujo en una magnitud similar (9,1%) durante este periodo. En contraste, el único rubro del ingreso que presentó un aumento a nivel nacional fue el de las transferencias, expandiéndose en 16,2% entre 2018 y 2020.

 

 

Respecto al ingreso por trabajo, la información de corto plazo del mercado laboral, estimada por el Consejo a partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, muestra que entre el primer trimestre de 2020 (previo a la pandemia) y el tercer trimestre de 2020 (una vez iniciada la pandemia), hubo una reducción de 4.2 millones de personas ocupadas, de igual forma se observa una disminución de 3,9% en el ingreso laboral promedio de las personas que permanecieron ocupadas.

Las principales afectaciones se dieron, por un lado, en las personas ocupadas de manera informal con 3.1 millones de ocupados menos y una caída de 8,1% en su ingreso laboral promedio; por otro lado, en particular, en las mujeres ocupadas de manera informal con 2.2 millones de ocupadas menos y una reducción de 6,5% en su ingreso laboral promedio.

Las mujeres ocupadas en la informalidad fueron, en consecuencia, las más perjudicadas ya que, además de tener un ingreso laboral de aproximadamente la mitad del promedio nacional, vieron su participación laboral más reducida en comparación con sus pares hombres.

Cuando se explora el ingreso corriente total per cápita según decil de ingreso (deciles que se construyen dividiendo la población en 10 partes iguales según su ingreso corriente total per cápita del más bajo al más alto), se observa que el decil I (10% de la población con menores ingresos) presentó la segunda mayor caída (7,7%) entre 2018 y 2020. En tanto el decil X (10% de la población con mayores ingresos) fue el que tuvo la mayor disminución (9,9%). Aunque la mayor reducción del ingreso promedio se dio en el decil X, cabe destacar que, en promedio, el ingreso se redujo más en el 50% de la población con menores ingresos que en el 50% de la población con mayores ingresos: 6,3% contra 5,7%.

 

Con base en los ejercicios y análisis realizados por el CONEVAL, se encontró en 2020 que las transferencias monetarias provenientes de programas sociales tuvieron un impacto relevante al ayudar a que 4.6 millones de personas reportaran un ingreso igual o mayor al valor monetario de la canasta alimentaria (LPEI) (CONEVAL, 2021). Lo anterior refleja la importancia de los programas sociales para la población de menores recursos.

 

Conclusión

La medición multidimensional de la pobreza en México sirve como una herramienta para identificar los desafíos que enfrenta la política de desarrollo social.

A partir de la información de 2018 y 2020, se encontró que las dimensiones de la medición multidimensional de la pobreza más afectadas por el COVID-19 fueron la privación en el acceso a los servicios de salud y el ingreso de los hogares. Por lo mismo, es relevante consolidar el funcionamiento y la disponibilidad de los servicios de salud pública, especialmente aquellos enfocados en la población más vulnerable, ya que eventos adversos como el COVID-19 pueden afectar no solo su salud, sino también su estabilidad económica y de patrimonio.

Finalmente, es imperativo promover la recuperación sostenida de las remuneraciones del trabajo subordinado, ya que es la principal fuente de ingresos de los hogares; así como, atender y mejorar las condiciones laborales de las mujeres que trabajan de manera informal, ya que éstas fueron las más perjudicadas ante la contingencia sanitaria, tanto por la caída de su participación en el mercado laboral como por la reducción de su ingreso.

 

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